Petróleo en el Parque Nacional de Yasuní
Seis años después de firmar un convenio de no explotación el Gobierno de Ecuador ha puesto fin, de forma unilateral, a su pacto con la comunidad internacional dejando el Parque Nacional Yasuní, a merced de petroleras y petroquímicas. La traducción de este acto es peligro medioambiental, chantaje económico e indignación social.
Sin duda, se trata de uno de los escándalos ambientales más importantes de la última década y, leyendo las noticias en prensa y los informes publicados en el último mes, no sabemos si se trata de una cuestión de patriotismo, de protesta, de una amenaza o simplemente a un plan movido por intereses estrictamente económicos que no ha llegado a buen puerto. De nada ha servido que la población ecuatoriana se haya movilizado, que los grupos ecologistas hayan alzado la voz de alarma o que los indios waorani, una de las tribus endémicas más antiguas del mundo, hubiera decidido vivir de forma voluntaria, en paz y armonía, en esta región amazónica del Ecuador creyendo a salvo su cultura y su mundo. Parece que la decisión también es inmune a la historia reciente de Ecuador, donde aún colea el caso Texaco/Chevron, una negligencia para con la naturaleza que causó graves daños humanos y medioambientales a más de 30.000 afectados en la región de Sucumbios (en el noreste del país) y cuya sentencia firme, con fecha del año 2011, condenaba a la petrolera Chevron a pagar más de 19.000 millones de dólares por los daños humanos y medioambientales que Texaco causó entre 1964 y 1990. Los hechos nos confirman que ni la sociedad civil, ni actores sociales como grupos ecologistas ni siquiera el hecho de tener unos antecedentes claros sobre las consecuencias de un acción de este tipo han impedido que el presidente Correa haya dado luz verde a que las petroleras internacionales exploten en crudo de una de las regiones con mayor diversidad del mundo.
¿ El motivo? No hay otra explicación que el dinero. Cuando en el año 2007 el Gobierno ecuatoriano se comprometió a salvaguardar de forma indefinida las reservas petrolíferas del Parque Nacional de Yasuní lo hizo, aparentemente, por motivos medioambientales. También es cierto que lo hizo con “cierta presión”, puesto que la comunidad internacional centraba sus esfuerzos en mantener intacta esta región del Amazonas. Sin embargo, el compromiso no se estableció en términos sociales ni medioambientales. El precio de aquel acuerdo era únicamente económico, cuantificable en dinero de curso legal. El compromiso de respetar la Reserva de Yasuní incluía de forma tácita la creación de un fondo abastecido con ayudas internacionales de más de 2.700 millones de euros cuya finalidad era, según el gobierno ecuatoriano, compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la explotación petrolera así como garantizar que el Yasuní, situado en el gran pulmón terrestre que es el Amazonas, siguiera siendo una auténtica reserva de CO2. Pero seis años después y con el mundo sumido en una de las crisis económicas y energéticas más importantes de los últimos siglos, el dinero no ha llegado. Y Ecuador alega una necesidad imperiosa de “plata”: necesita inversiones superiores a 52.000 millones de euros para erradicar la pobreza del país y ayudar a las comunidades menos favorecidas. Por eso, aunque hace apenas dos meses, en julio de 2013, el 92% de los ecuatorianos se mostrara en contra de explotar la reserva, y aunque ecologistas y los indígenas exigen el permiso “social y civil” para sacar el crudo a la superficie, el Gobierno se ha mostrado tajante: el petróleo, bajo tierra, no da beneficios. Hay que sacarlo al exterior.
Las consecuencias de esta acción son devastadoras a diferentes niveles. Por una parte, con la extracción de petróleo se emitirán alrededor de 400 millones de toneladas de CO2 a la superficie, por hablar del peligro que tamaña invasión supone para la biodiversidad de Parque Nacional de Yasuní, donde conviven más de 100.000 especies de insectos, 150 de anfibios, más de 100 reptiles, alrededor de 600 aves y más de 200 mamíferos, por no hablar de las 3.000 variedades de plantas que existen en el parque. Por su puesto, ni que decir tiene que la luz verde a la explotación petrolífera supone abrir viejas heridas con las tribus nativas de esta región del Amazonas, que en los años setenta del siglo pasado lucharon abiertamente contra la explotación petrolera en la zona.
Yasuní ITT: ¿una iniciativa para salvaguardar el medio ambiente?
Pasados los años, son muchos los que se preguntan entonces qué era y para que se creó Yasuní ITT, un ambicioso proyecto tildado de iniciativa verde que comprometía al gobierno ecuatoriano a “A mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, el lugar más biodiverso del planeta, pidiendo a cambio una contribución internacional equivalente al menos a la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en caso de explotar el petróleo de este bloque en la Amazonia”. La iniciativa, revolucionaria según sus impulsores, tenía como objetivo ayudar a combatir el cambio climático “evitando la explotación de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y cultural en los países en desarrollo” y planteaba cuestiones de primer orden como “la protección de la biodiversidad en el Ecuador y el apoyo al aislamiento voluntario de las culturas indígenas no contactadas que habitan el Parque Yasuní (Tagaeri y Taromenane)“.
Comunidad Waorani Wentaro. Autor: Leonardo Armijos A.
En la actualidad, el proyecto Yasuní ITT está paralizado. Sobra decir que la apertura iniciada por el Gobierno de Rafael Correa es incompatible con él. En sus seis años de vida, Yasuní ITT fue creciendo como proyecto y como alternativa real. Los dos primeros años fueron muy complicados. La puesta en marcha oficial de la iniciativa tuvo lugar en 2007 y estuvo llena de dudas, además de no contar con apoyo de la población, fundamentalmente por desconocimiento. Sin embargo, en el año 2009, cuando Rafael Correa comenzó a apoyar las tesis extraccionistas reprimiendo sus primeros impulsos de mantener intacta esta región del Amazonas, el proyecto, amparado ya por la comunidad internacional, se mantuvo firme: el petróleo no debía tocarse y las emisiones de CO2 debían frenarse al máximo, dando muestra de que Yasuní ITT era un proyecto serio, comprometido y, sobre todo, innovador. Fue entonces cuando la sociedad se volcó con la iniciativa y con que llegara a buen puerto.
No obstante eran muchos los que seguían viendo tras esta “marca”, que se convirtió en emblema del país, algunos puntos oscuros: la idea de dejar 850 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo amazónico a cambio de una compensación internacional en una economía adicta al petróleo parecía una locura. Una locura que, tras ese 2009, fue tomando fuerza entre la población. Lo que al principio era un desastre económico para el país se convirtió en una razón de peso para luchar por el medio ambiente con este proyecto que pensaba situar a Ecuador a la cabeza de las propuestas contra el cambio climático. Más del 80% de la población apoyaba la iniciativa en 2009. Y más del 92% en julio de este 2013. Ahora, son esas mismas personas las que piden al Gobierno una explicación sobre lo que ha pasado y los que se movilizan en asambleas y en la calle para frenar la explotación en el Parque Nacional de Yasuní.
¿Quién es el culpable?
Según declaraciones realizadas el pasado 23 de agosto por Ivonne Baki , secretaria de Estado de Ecuador para Yasuní ITT, los motivos de que la iniciativa no hubiera llegado a buen puerto eran “la crisis económica mundial, las necesidades de desarrollo del país y los intereses de algunos países”. Con este último punto Baki hacía referencia las declaraciones que el portavoz del Ministerio alemán de Cooperación Sebastian Lesch realizó unos días antes de la suspensión del proyecto y en las que indicaba que la cesión económica a Ecuador condicionada al país americano a un acuerdo bilateral entre Quito y Berlín el que el el segundo se sumaba con ciertas condiciones al proyecto Yasuní ITT. Es decir que, de alguna forma, Alemania tendría cierta potestad sobre el Parque Nacional y su gestión pero, sobre todo, tendría ciertos derechos en un futuro sobre los campos petrolíferos de Ishpingo Tambococha y Tiputini (ITT), situados en él. Según algunas fuentes, es este punto lo que impulsó al Gobierno de Ecuador, y especialmente al presidente Correa, a revocar unilateralmente el acuerdo.
Respecto al papel de la comunidad internacional, Baki destacó el trabajo desarrollado por las Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas, y agradeció a países como Australia, Bélgica, Chile, Colombia, Alemania, España, Francia, Georgia, Italia, Indonesia, Luxemburgo y Turquía su interés por el proyecto. Pero las cuentas no salen. En los fideicomisos establecidos para tal efecto en 2009 tras las primeras amenazas del presidente Correa apenas se han depositado 13,3 millones de dólares, lo que supone un insignificante 0,37% de lo que Ecuador esperaba. Y la iniciativa Yasuní ITT tampoco era gratuita: aunque algunos de sus promotores destaque la gran labor que han hecho durante estos años (a nivel internacional y diplomático), sólo en 2011 invirtió más de tres millones de dólares en promoción y publicidad algo impensable para un país que pide a gritos dinero “para comprar” su necesidad de explotación petrolífera.
Ahora que la decisión de explotación es firme, Ecuador pide tranquilidad: dicen que apenas se explotará un 1% del Parque Nacional y que los ingresos, que podrían ascender a 18.000 millones de dólares se destinarán a causas sociales. Sin embargo, desde el pasado 22 de agosto varias organizaciones sociales de Ecuador luchan por conseguir una consulta popular frente a la explotación y piden un nuevo modelo para que el futuro económico no esté subyugado a la extracción petrolífera.
