Defensores de los derechos ambientales (II)

El derecho al reconocimiento de las tierras y el territorio, en su sentido de posesión tanto individual como colectiva en el ámbito de las comunidades indígenas no es un hecho novedoso, tanto es así que debemos de remontarnos a 1957 cuando la comunidad internacional elabora a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ONU) los primeros documentos de referencia en este sentido y que en muchos casos supuso una incorporación de este derecho de posesión indígena a las constituciones de las diferentes nacionalidades así como la modificación de su legislación.

Derechos indígenas sobre el territorio

El territorio y sus recursos configuran en las comunidades indígenas un elemento básico para su identidad, supervivencia y desarrollo. Tanto es así que los derechos humanos y los derechos ambientales se entrelazan de forma indisociable. En la actualidad son tres las herramientas jurídicas internacionales que tutelan las modificaciones legislativas de cada país respecto al derecho de reconocimiento de propiedad sobre la tierras indígenas, siendo las de mayor relevancia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT-ONU) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Defensores de los derechos ambientales (I). Berta Caceres va ser assassinada en 2015. Imatge de Prachatai. Font: FlickR

Una vez llegados a esta frontera que desarrolla los deseos constitucionales con el desarrollo legislativo para su aplicación, nos encontramos con al menos tres anomalías originadas desde los propios estados. En este sentido la más extrema, es la falta de reconocimiento de las comunidades indígenas por los propios estados (África y Asia) que frecuentemente se acompaña de la ausencia de legislación desarrollada.

Una segunda posibilidad se refleja en la lentitud de expedición de títulos de propiedad hacia las comunidades indígenas (Latinoamérica y Canadá) y finalmente existe la posibilidad de obviar cualquier derecho recogido en la legislación nacional (fórmula generalizada en el planeta). En términos generales en el contexto de Latinoamérica, que es una de las regiones del planeta con mayor conflictividad ambiental y atentados contra la vida de ambientalistas, no es tanto una falta de legislación como su aplicación y supervisión, función exclusivamente del estado, aunque habitualmente obviada.

Podemos tomar como modelo de irregularidad la situación en Camboya, donde una ley sobre la tierra indígena (2001) reconoce el derecho comunitario de los pueblos indígenas a poseer sus tierras. Sin embargo, en la última década, unos 6.5 millones de hectáreas de bosques han sido expropiadas y otorgadas a grandes empresas madereras mediante concesiones.

Bosque en Camboya

En este mismo sentido 3.3 millones de hectáreas han sido declaradas tierras protegidas, dejando a las comunidades indígenas con acceso limitado a los recursos forestales necesarios para su supervivencia. Son los estados los que tienen la obligación de tutelar y proteger los derechos de posesión de las comunidades indígenas frente a sus territorios, así como hacerlos efectivos o sancionar cualquier actividad ilegal. Es este conjunto de anomalías y arbitrariedades asociadas a la urgente mercantilización del territorio y sus recursos naturales son las que han permitido una proliferación de las actividades productivas ilegales en el medio natural y la consecuente génesis de conflictos, donde las comunidades indígenas son los principales perjudicados en todo el planeta.

Respecto a la las actividades de explotación de recursos, legalizadas por los estados en modo de concesión, al margen de los derechos de las comunidades indígenas y desatendiendo la legalidad, es una fuente de enormes problemas, en tanto antes de iniciarse las explotaciones o prospección del territorio y sus recursos, los proyectos ya se encuentran judicializados.

En este sentido el 20% de las demandas presentadas en todo el planeta por las comunidades indígenas respecto a la titularidad de tierras o la explotación fraudulenta de recursos se resuelven a su favor. Es así que los estados en determinados casos deben hacer frente a indemnizaciones millonarias por la paralización y fin de proyectos. Todo esto conlleva el empobrecimiento de los estados, lesiones de los derechos humanos y ambientales en las comunidades indígenas, así como un deterioro ambiental de territorios sin precedentes del que nadie se responsabiliza.

Recursos en territorios indígenas: participación, consulta y consentimiento

Los recursos dentro del territorio indígena también son tratados en el documento internacional de referencia, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (OIT), otorgando el derecho de participación, administración y conservación de los mismos a las comunidades indígenas. En caso de que las legislaciones nacionales otorguen la posesión de los recursos naturales a los estados, éstos tienen la obligación de consultar a los órganos de representación de los pueblos indígenas ante los posibles proyectos o prospecciones que supongan la explotación de recursos.

International Labour Organization

Por otra parte, como no podría ser de otra manera en cuanto al desarrollo geográfico de una región, los pueblos indígenas deben ser perceptores de los beneficios que supone la explotación de los recursos del territorio, así como ser objeto de indemnización equitativa por los daños que resultasen de las actividades, como es propio de cualquier planificación para la explotación de recursos naturales. Es evidente que el papel de los pueblos indígenas respecto a la administración de los recursos en su territorio solo es de tipo participativa, incluso si éstos se encuentran en sus propiedades.

A efectos prácticos esta legislación no se cumple en una gran parte de países, con el riesgo más que evidente de contribuir a la marginalidad de los pueblos indígenas. Este escenario genera una desregulación de los procedimientos y legislaciones ambientales en los territorios indígenas, y por contagio, ante cualquier proyecto ambiental que deba garantizar la sostenibilidad frente a las inversiones económicas en un territorio.

Communites Tackling Child Labour in Malawi 

Esta desregulación de los requerimientos de sostenibilidad en la explotación de recursos naturales ha alcanzado a gran parte de estados en Latinoamérica llevando a muchos a pensar, con una perspectiva infantil, que es un pago necesario para el desarrollo. Nada más alejado de la realidad, esta interpretación de la explotación de recursos naturales en el planeta plantea dos reflexiones: los recursos naturales procedentes de tierras indígenas suponen una fracción del total del mercado de materias primas y por otra parte, la idea de desarrollo eficiente ante los aumentos de población y los escenario de cambio climático solo son viables en términos de planificación sostenible.

El proyecto Munden y la industrialización del territorio indígena

Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este problema de planificación y de sus consecuencias sobre los pueblos indígenas debemos atender a los resultados del Proyecto Munden finalizado en 2013. La investigación analizó unas 153 millones de hectáreas en concesiones a empresas privadas (12 países) para la explotación de recursos naturales, y halló que el 31% de esa superficie se encontraba en territorio indígena.

El Chaltén. Argentina

Nos detenemos en los datos referentes a las concesiones mineras de Chile, Colombia y Filipinas en las que 30,5% de las zonas explotadas por empresas privadas son de propiedad indígena. Por otra parte, el estudio también recoge el caso extremo de Argentina donde un 84% de las concesiones para el cultivo de la soja se localizan en territorio de propiedad indígena. Es evidente que este fraude sobre el territorio supone su judicialización. Tan solo en filipinas peligran 6000 millones de dólares, debido a los contenciosos legales y para el conjunto de los países estudiados en el proyecto Munden. Un total de 5000 millones de dólares en el contexto de proyectos agrícolas (la vista de estos datos nos preguntamos si los inversores saben y conocen de forma fiel donde invierten, y pensamos que es bastante probable que lo desconozcan).

Cuando los estados malvenden sus recursos naturales

El informe presentado en 2014 por First Peoples Worldwide (FPW) recogía cómo el 30% del petróleo y gas producido en todo el planeta por compañías del listado Russel se encuentran en territorio indígena. Es fácil percibir las razones que permiten este escenario de ilegalidad y desregulación en la planificación que tienen que ver más con delitos financieros y corrupciones políticas que con la materia ambiental.

Portada del Facebook de First Peoples Worldwide

Nos trasladamos hasta la RD del Congo para documentar los resultados del informe Äfrica Progress Report 2013, el estudio analiza las concesiones del estado en el periodo 2010-2012 donde la incomprensible infravaloración de los recursos naturales incluidos en las concesiones a compañías registradas en paraísos fiscales supone una pérdida para el estado 1.360 millones de dólares (más del doble del presupuesto total destinado a salud y educación). Por otra parte, los fraudes económicos asociados a la explotación de recursos naturales en África durante el periodo 2008- 2010 asciende a 38.000 millones de dólares, cantidad mayor que la ayuda bilateral que recibe el continente africano.

En todo el planeta hay 370 millones de miembros de comunidades indígenas que ocupan el 20% del territorio, siendo esta geografía necesaria para vertebrar su identidad y supervivencia. Los escenarios de cambio climático y aumento demográfico no facilitaran la solución a este conflicto sin la decidida actuación de los estados protagonistas, es decir la aplicación de la legislación de la que disponen. Dentro del contexto internacional medidas encaminadas a la certificación de materias primas, lucha contra el contrabando de materias primas, financiación internacional de proyectos de explotación de recursos que respeten los derechos indígenas y aplicar las legislaciones nacionales respecto al territorio y sus recursos naturales, son medidas que contribuirán a mitigar los escenarios de conflictividad, aunque no en un corto plazo.

El reconocimiento de los derechos indígenas al territorio y sus recursos de forma efectiva, es el primer gran paso que contribuiría a mitigar los escenarios de violencia ejercidos contra los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas, y por otra parte supondría la posibilidad de direccionar muchos de los retos futuros en materia de planificación de explotación de recursos naturales en un contexto de sostenibilidad.