Defensores de los derechos ambientales (I)
Injusticias sociales, ilegalidad, asesinatos y deforestación son algunos de los azotes del mundo indígena. Antonio Pla pone en evidencia el aumento de las presiones sobre los pueblos más desfavorecidos. ¿Cómo ha evolucionado este modelo de conflicto ambiental? ¿Tienen derechos las comunidades indígenas sobre el territorio y sus recursos?
Atentados contra la vida de los defensores del medio ambiente y la tierra y vulneración de los derechos ambientales y humanos; son los síntomas de la desregulación ambiental relacionada con la explotación de recursos naturales en las tierras indígenas.
Apoyando Reformas de Tenencia, Política y Mercado Forestal
Las estadísticas desvelan un aumento en la magnitud, intensidad y ámbito de los conflictos ambientales y en particular aquellos donde se genera un escenario de extrema violencia sobre las comunidades indígenas. En este sentido, el asesinato de los defensores de la tierra y el medio ambiente el pasado 2015 ha superado todas las series históricas conocidas, un total de 185 personas han sido asesinadas por defender desde la legalidad el acceso y uso de los recursos naturales. Los conflictos ambientales aumentan y se globalizan sobretodo aquellos que afectan a las comunidades indígenas y que como colectivo social son las principales victimas de esta desigual crisis humanitaria y ambiental en todo el planeta, que termina deteriorando los derechos humanos y ambientales.
Los conflictos ambientales y territoriales que tienen como protagonistas a las comunidades indígenas provocan el empobrecimiento de los estados, intensifican su marginalidad así como el daño ambiental y económico perpetuo que suponen estas actividades productivas no planificadas y fraudulenta, en las que se desatiende, por parte de empresas y estados, las recomendaciones internaciones así como en la gran mayoría de casos las legislaciones nacionales.
El Atlas Global de Justicia Ambiental
El Atlas Global de Justicia Ambiental dentro del marco de proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) recoge en este año 2016 un total de 1750 conflictos y confirma un aumento progresivo de la conflictividad ambiental entre los estados, pueblos indígenas y empresas a pesar de los grandes avances normativos y legislativos en todo el planeta durante esta última década.
El informe internacional de Global Witness revela como, durante 2014 fueron asesinados 116 defensores de la tierra y del medioambiente en 17 países, siendo la gran mayoría de las victimas miembros de comunidades indígenas en regiones de Brasil, Colombia, Filipinas, Honduras, México, Perú, Guatemala, RDC Congo y Tailandia. Entre estos siete países suman 913 homicidios de activistas medioambientales de los 1.024 que se cometieron en todo el mundo durante el periodo 2002-2014.
Los datos recogidos durante 2015 (185 asesinados) confirman un aumento de los atentados del 59% respecto a 2014. Tanto es así que Honduras, tras el golpe de estado de 2009, se ha convertido en uno de los principales polos del mundo donde hacer negocios fraudulentos en materia de recursos naturales (actualmente el 30% del territorio se dedica la extracción de minerales).
Bosque en Honduras
Para el caso de Honduras, las estadísticas recogen durante el periodo 2010-2015 un total de 109 asesinatos de defensores del medio ambiente. Un país de pequeña extensión (112.492 km²) que compite en niveles de conflictividad ambiental con Brasil (8,5 millones de km²), donde en el mismo periodo se han documentado 207 asesinatos de líderes ambientales.
Berta Cáceres y más una historias segadas
La ambientalista y Premio Ambiental Goldman 2015 ha sido asesinada en 2016 lo que confirma los escenarios extremos de conflictividad y violencia que sufre Honduras asociados a la explotación de recursos naturales. La sentencia judicial publicada el pasado mes de mayo recoge cómo el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) contrató los servicios de un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras para planificar el asesinato de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, principal obstáculo en sus planes de explotación de recursos.
Berta Caceres acceptance speech, 2015 Goldman Prize ceremony
Por otra parte, Clodio de Aquileu Rodrigues de Souza, fue asesinado el pasado mes de junio por terratenientes brasileños en la región en Mato Grosso. Recordemos también el asesinato del asesor ambiental y biólogo español Gonzalo Alonso Hernández en el parque natural Cunhambebe (Brasil, 2013) donde trabajaba para la ONG Instituto Terra.
Esta lista se puede hacer interminable y muy posiblemente los datos desconocidos superan a aquellos bien documentados y de los que se tiene constancia. Asesores, técnicos, periodistas y científicos no escapan de estos crímenes que tienen por objeto último silenciar las irregularidades en materia de explotación de recursos naturales.
Las estadísticas de 2015 evidencian que el 40% (67 victimas) de los asesinados pertenecían a miembros de grupos indígenas, quienes son protagonistas de toda la crudeza de este modelo de conflicto especialmente generado por sectores madereros, minería, agroindustria, proyectos hidroeléctricos, así como los litigios por la propiedad de la tierra. Este escenario supone, a corto plazo, una desregularización de la legislación ambiental, basada en su no cumplimiento (tutela de los estados) y por otra parte la fragilidad de los derechos humanos y ambientales frente a la explotación de los recursos naturales y sus beneficios económicos.
Los escenarios de conflicto en aumentos y sus casuas
La principal causa del aumento de asesinatos y atentados sobre los defensores del medio ambiente y la tierra es la baja tasa de resolución de estos crímenes, que apenas llega a un 1%. Por otra parte, el anonimato que generan las tierras profundas se han convertido en el escenario idóneo para las matanzas en comunidades indígenas, como las ocurridas durante 2008 con 15 asesinados en la Amazonía ecuatoriana.
Etnia waorani. Imagen de wikipedia
2003 terminó con un total de 26 miembros asesinados de la etnia waorani, o los registrados en la región de Mato Grosso del Sur (Brasil), área fronteriza con Paraguay y Bolivia donde fueron asesinados 279 indígenas en poco menos de diez años, coincidiendo con el ascenso del precio de mercado de materias primas o el éxodo de 3000 miembros del pueblo Lumand en la región de Mindanao (Filipinas).
Finalmente, para saber el papel director de las empresas y muchos gobiernos en este entramado quizás sea mejor caracterizarlo por parte del lector en la sección de corrupción política y delitos económicos de cualquier periódico. El informe presentado durante 2016 entre la INPERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) y PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) evidencia cómo los beneficios económicos de las actividades fraudulentas en materia ambiental han aumentado un 26% respecto a 2014, que supone un total de 258 mil millones de dólares, muy por encima de los beneficios del tráfico de armas en el planeta.
Concesiones y actividades productivas ilegales en territorio indígena
De fondo en este escenario de conflicto ambiental aparece la explotación de los recursos naturales y en la gran mayoría de casos, la naturaleza fraudulenta de las concesiones realizadas a empresas privadas por los gobiernos, que no cumplen con la propia legislación nacional, (cuando esta existe) o con los intereses de los habitantes de los territorios que ostentan derechos sobre ellas.
Etnia Yanomami del Estado Amazonas, Venezuela en el alto orinoco. Imagen ed Wikipedia
Por otra parte, nos encontramos con actividades completamente ilegales que no son objeto de licitación, como la que suele resultar de la nueva fiebre del oro desatada en Latinoamérica donde las actividades extractivas son responsables de una extensa contaminación por mercurio en ríos, que termina por incorporarse a la cadena trófica. Este es el caso del 90% de los habitantes originarios de las comunidades Yanomami (Brasil) afectados por altas dosis de mercurio en el organismo, de igual forma registrado en la etnia nahua en Perú.
En este mismo sentido los nuevos repuntes en la deforestación amazónica se debe a actividades ilegales fundadas en usos improcedentes del suelo para el que fue concedida la autorización de actividad (Instituto Medioambiental de Estocolmo, SEI) que junto con los campamentos de mineros y madereros imposibilita toda política de conservación de recursos naturales, a la vez que son responsables de numerosos crímenes y atentados en poblados indígenas.
Tan solo en la región amazónica la tala ilegal, la minería y los proyectos agrícolas ponen en peligro las reservas de carbono en territorios indígenas y áreas protegidas (eL 55% del total de toda la región amazónica, cantidad mayor que la de los bosques tropicales en Indonesia y la República Democrática del Congo). Esas reservas de carbono son cruciales para la estabilidad climática tal y como la conocemos en la actualidad, al igual que para el funcionamiento de los ecosistemas locales y la continuidad de los servicios ecosistémicos (Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP21).
Las actividades propias de la explotación de recursos habitualmente provocan la invasión de los territorios indígenas manifestándose como procesos de contaminación y deterioro sobre sus recursos próximos para la supervivencia. Todas estas alteraciones del hábitat generalizadas afectan directamente al desarrollo de enfermedades sobre la comunidad, manifestándose de forma negativa en todos sus indicadores de salud (Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas).
De estas tensiones asociadas al territorio indígena surge la violencia sobre estas comunidades extraordinariamente frágiles lo que les aboca a la perdida de identidad, organización social y lesión de derechos humanos. Aspectos que no cuestionamos en otras regiones del mundo pero que seguiré reivindicando en el próximo artículo.
Colaborador Externo
